El periódico ha identificado 250 casos en los que,
sin razones médicas, el Gobierno ha suministrado drogas para tratar
desórdenes psiquiátricos graves a personas que, posteriormente, ha
enviado fuera de Estados Unidos. Una práctica que se realiza desde el
2003.

El control químico involuntario de detenidos sin justificación
médica es una clara violación de los derechos humanos, apunta el
diario.

Además, en algunos casos, el cóctel, que se
suministra antes de que los deportados regresen a su país, tiene un
efecto tan potente que los agentes federales necesitan sillas de ruedas
para trasladar a los individuos hasta los aviones.

Los
registros muestran que el Gobierno ha ignorado sus propias normas, que
permiten que los deportados sean sedados solo si tienen una enfermedad
mental que requiera drogas o si son tan agresivos que ponen en peligro
sus propias vidas y la de quienes les rodean.

«Paso inestable.
Se cayó en la pista», dice una nota médica sobre la deportación de una
mujer de 38 años a Costa Rica a finales de la primavera del 2005. Otro
detenido fue «arrastrado por el pasillo, esposado y semicomatoso,»
según ha explicado un miembro de la tripulación de la línea aérea en la
que viajaba el deportado.

La nueva Agencia de Aduanas e
Inmigración del Departamento de Seguridad Interior se hizo cargo de las
deportaciones en el 2003. La agencia ha aumentado los arrestos y
deportaciones de extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos, a
quienes se les ha rechazado el asilo o han sido condenados por un
crimen en el pasado, ha señalado el rotativo.