El auto recoge el principio que se ha esgrimido en todos los procesos legales similares que se hanempezado en España, ninguno de los cuales ha prosperado: que no existe una relación causa-efectoprobada entre el consumo de tabaco por parte del fallecido y el cáncer de pulmón que padeció.

Además, el Supremo asegura que el tabaco es una sustancia legal, que «desde la década de los sesenta se advierte de que fumar puede ser perjudicial para la salud» y que «es conocido que el tabaco puede ser un factor de riesgo que puede generar determinadas enfermedades, especialmente si se consume en exceso».

La situación es parecida a la del resto de Europa, y muy diferente de la de Estados Unidos. En el país americano han prosperado varias demandas contra las tabacaleras. La más sonada fue una sentenciada por un jurado de Miami (Florida) en 2000, en la que condenaba a un grupo de empresas a pagar 25 billones de pesetas (150.000 millones de euros) en previsión a futuras demandas.

La gran diferencia estaba en el sistema judicial: en Estados Unidos se permiten las llamadas demandas colectivas, en las que quien se sienta agraviado puede unirse al proceso iniciado por un particular (en este caso, comenzaron el litigio tres personas, pero se sumaron miles). Y, sobre todo, no hay que demostrar una relación causa-efecto unívoca, sino que basta un vínculo de probabilidad. Es decir, mientras en España hay que probar que fue el tabaco en general, y concretamente el que fumó el afectado, el que le causó el cáncer de pulmón y excluir otras causas (genéticas, ambientales), en Estados Unidos basta con que se demuestre una relación estadística entre ambos hechos: el humo del tabaco y la aparición de tumores.