En febrero de 2006, la consellería que dirige Anxo Quintana firmó una orden de ayudas para el tratamiento de pacientes con problemas de drogodependencia y alcoholismo en la que figuraban junto al importe de la subvención los nombres, apellidos y DNI de los 30 beneficiarios.

El decreto se publicó en el Diario Oficial de Galicia en su versión impresa y digital, de donde finalmente fue retirada cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia.Un año y nueve meses después de que comenzase la instrucción,la Agencia de Protección de Datos concluye que la Xunta incurrió en una “infracción muy grave” al difundir información“especialmente protegida”sobre la salud que afectan a “la esfera íntima de la persona”.

Pese a la calificación de la falta, el expediente no conlleva multa ya que, según la ley, en el caso de las Administraciones, la Agencia de Protección de Datos debe dictar una “resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción”.

El dictamen concluye que existían otras fórmulas para garantizar el requisito de “publicidad,objetividad y concurrencia”a las ayudas públicas y cita la “anonimización o disociación para no identificar a los afectados”.

La resolución extiende la exigencia al Gobierno gallego y al resto de Administraciones para que “limiten la publicación de información sensible en los diarios oficiales”.