El 70 por ciento de los presos de las cárceles españolas es
drogodependiente y la cuarta parte de ellos empieza a presentar
problemas mentales derivados de su adicción, según datos proporcionados
hoy por el Juez decano de Madrid, José Luis González Armengol.

Así lo manifestó en las jornadas del XX aniversario del Servicio
de Asesoramiento a Jueces e Información y Atención al Detenido
Drogodependiente (Sajiad), que se encarga de informar y orientar a los
drogodependientes con diferentes cuestiones judiciales, asesorar a las
familias de los detenidos y a los magistrados de forma no vinculante,
proporcionar mecanismos de coordinación con la red de centros de
drogodependientes, control de la abstinencia y consumo de drogas a
personas con libertad provisional, entre otras cuestiones.

Armengol señaló los «gravísimos problemas» que genera la
dependencia de las drogas y su interrelación con la delincuencia, ya
que la mayoría de los encarcelados por delitos contra el patrimonio es
adicta. «La delincuencia clásica, pura y dura la interrelación droga y
delito claramente manifestada», agregó el juez decano.

En este sentido, destacó que en Estados Unidos existe un Juzgado
de Drogodependencias y, por ello, apostó por un servicio judicial común
con un juez al mando y un equipo multidisciplinar para que se trabaje
bajo una misma dirección. También pidió abordar el problema de que el
interno sigue consumiendo en la cárcel, y que casi todo el que llega al
Sajaid es reincidente.

«Habría que trabajar otro aspecto para la conformación de
servicios específicos sobre la discapacidad de estos enfermos. Hay que
seguir fortaleciendo este servicio, que se ha ampliado en base a las
necesidades. Dentro de los problemas de Plaza de Castilla se ha
encontrado un espacio para poner varios psicólogos en este sentido»,
explicó.

Por otro lado, Armengol planteó modificaciones legislativas en
materia del ámbito de la predelincuencia en problemas mentales
relacionadas con la drogodependencia porque, por ejemplo, «hay
carencias legislativas cuando un juez no puede obligar a que un señor
tome la medicación». «Hay que ampliar el ámbito de la legitimaciones
para medidas de discapacidad, para tener un control y conseguir así una
protección de la sociedad y del propio empleo», incidió.

Igualmente, el juez decano de Madrid propuso ofrecer ayuda al
adicto desde la detención y mentalizarle a los allegados para que vea
que la última vía para escaparse de la delincuencia es la
deshabituación. «Soy un convencido de que este problema es gravísimo
para el aspecto jurídico y social del país y que todos los recursos que
podamos incorporar en un corto plazo podemos ir aplacando en un futuro
inmediato. Hay que trabajar en profundidad y carácter previo y
prestarle mayor atención por carencia de psiquiatra», finalizó.

El vicepresidente de la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, Francisco González, afirmó hoy que la comisión de actos
delictivos por parte de la población drogodependiente supone una
dificultad añadida a la hora de lograr una adecuada inserción social y
laboral de este colectivo.

«La Comunidad desde la aprobación del Plan Regional sobre drogas
y de la creación de la Agencia Antidroga ha mantenido una firme
decisión de abordar las adiciones con un enfoque integral con la
prevención, rehabilitación y también reinserción», dijo.

Desde la firma del convenio del Sajiad con la Consejería de
Sanidad, se ha prestado información a más de 152.000 personas, 39.000
entrevistas en los calabozos a usuarios y 28.000 entrevistas periciales
a usuarios y familiares, así como 43.000 informes policiales.

González destacó entre otros recursos regionales la existencia de
un piso de apoyo al tratamiento con drogodependientes en cumplimiento
del plan alternativo a prisión, un espacio residencial de tratamiento
orientado a la revisión de su trastorno y un servicio de evaluación,
terapéutico y educativo, con la atención de 15 personas este año.

Asimismo, la Comunidad atiende a drogodependientes de su propio
domicilio con tratamiento ambulatorio a través de la Red de centros de
atención a drogodependientes con el abordaje personalizado e integral.
En el último año atendieron 78 pacientes en situación de cumplimiento
alternativo de pena.

La Agencia también desarrolla programas de intervención en los
centros penitenciarios de Navalcarnero y Alcalá de Henares. Estas
unidades ofrecen tratamientos de rehabilitación para facilitar la
inserción en el mundo laboral, con 649 internos atendidos.

Por otro lado, González recordó que la Red de la Agencia cuenta
con 39 centros para drogodependientes con 21.000 pacientes al año;
comunidades terapéuticas más intensivas, con 542 pacientes; así como
centros específicos como el de atención integral a cocainómanos,
pionero en España, que ha asistido a 1.400 pacientes desde 2001.

Igualmente, recordó las 468 personas que han pasado por los pisos
de apoyo con drogodependientes sin domicilio o con entorno no adecuado
para su rehabilitación; los centros de reducción de daños para reducir
la prevalencia y evitar contagios, que han entregado más de 800.000
jeringuillas; además de recursos específicos como aulas y talleres para
facilitar formación laboral de drogodependientes, que acogieron más
1.500 participantes.

«La Agencia Antidroga se ha marcado como líneas estratégicas para
aumentar la percepción de riesgo y retrasar la edad de inicio de los
jóvenes. En el ámbito escolar más de 106.000 alumnos pasaron por estos
programas. También seguir con los programas de prevención en el ámbito
familiar, apoyar la estrategia para que actúen con agentes promotores
de Salud para dificultar a los jóvenes que no entren en ambientes de
drogas», concluyó González.

Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, indicó que el drogodependiente es
un enfermo desde el punto de vista asistencial y jurídico y «aunque
todo delito tiene que tener un castigo y reproche social, no hay que
perder de vista la perspectiva de que estamos ante un enfermo». «Uno de
los principales contenidos del Ayuntamiento es atenuar los riesgos de
exclusión social de las personas afectadas y facilitar su integración
en todos los aspectos, lo que será fundamental para que la sociedad los
acepte», añadió.

Según explicó, la comisión de actos delictivos por parte de los
drogodependientes suponen una dificultad añadida. «Evidentemente, es lo
que hace necesario programas que contribuyen permitir superar esas
dificultades», dijo. Por eso, el concejal recordó que se firmó un
convenio en 1989 se firma un convenio entre el Ayuntamiento, el
Ministerio de Justicia y el Consejo General de Poder Judicial por el
que se crea el Sajiad.

«Desde entonces ha hecho posible la coordinación entre diferentes
agentes sociales y modelo de referencia para otros puntos de Europa»,
añadió. Son 20 años de impecable trayectoria que ha contribuido a
importantes avances entre la coordinación para alcanzar objetivos
comunes que resumimos en la rehabilitación y en la reintegración. Por
cuantificarlos, cada vez se da una atención más amplia y adecuada, ya
estemos hablando de informe de peritajes en juicios», añadió.

Así, en 2008 hicieron más de 3.400 informes y 950 asistencias en
juicios. En los 20 años de convenio, el Sajaid dio servicio a 216.000
detenidos y realizó de 53.000 entrevistas por los técnicos en los
propios calabozos. Ahora esta servicio se sustenta en un convenio más
amplio en el que forma parte Madrid Salud, la Consejería de Familia y
parte de la Administración de Justicia.

Calvo también manifestó que el Instituto de Adiciones aporta su
«granito de arena» en la prevención y asistencia y logró entre 2007 y
2008 que 1.090 drogodependientes accedieran al mercado laboral.