Uruguay tiene una legislación que no cambia desde 1974, pero que es
considerada moderna en la región. El consumo personal de droga no está
penalizado, y si bien nadie va preso por fumar marihuana en una plaza
del centro o en la rambla de esta capital, al aire libre, la suerte de
esa persona puede depender de la interpretación que realice un juez
sobre cantidades en posesión y capacidad de uso de la sustancia de que
se trate.

Desde hace un tiempo, la máxima preocupación de la sociedad y de los
políticos en cuanto al consumo de estupefacientes está centrada en el
paco, debido al fenómeno de aquellos consumidores que se dedican al
robo o a la rapiña (arrebato llevado a cabo con violencia sobre las
personas y las cosas) con el objetivo de comprar más dosis para seguir
drogándose.

Según el último relevamiento realizado por el gobierno sobre consumo
de drogas, en 2006, la marihuana es la de mayor penetración: el 12,2%
de la población la consumió al menos en alguna ocasión Y de cada diez
personas que alguna vez la usaron cuatro siguieron haciéndolo.

La legislación uruguaya exime de pena a quien tenga en su poder
«sustancias capaces de producir dependencia psíquica o física»
destinadas al consumo personal, pero considera delito, y condena con
prisión, la producción y comercialización.

El paso más largo pareció ser el que dio a fines de 2005 el
presidente Jorge Batlle, cuando dijo que había que considerar una
apertura legislativa. Analizó, con su lógica libremercadista: «Mientras
la droga tenga un valor comercial tan imponente, que de un precio
mínimo que le pagan al productor se transforme al final en algo tan
rentable, será un negocio tan bueno que se repetirá todos los años».

Y propuso: «Al mismo tiempo, liberalización y educación». Le
salieron al cruce con la advertencia de que si Uruguay avanzaba en ese
sentido corría el riesgo de atraer el «narcoturismo». Su idea quedó en
nada.

Pero el tema siguió presente Cada tanto, jóvenes se reúnen a fumar
un porro en la zona de Punta Gorda, frente a la rambla, para reclamar
la legalización de la marihuana.

Ahora, en plena campaña previa a las primarias del 28 de junio y las
presidenciales y legislativas del 25 de octubre, la Juventud Socialista
y la juventud del sector Vertiente Artiguista, ambos sectores afiliados
al oficialista Frente Amplio, plantean una nueva ley de
despenalización.

Sostienen que «es fundamental», en un segundo gobierno de la
izquierda, «que se encare la construcción de nuevas políticas para no
seguir profundizando la criminalización, estigmatización y exclusión de
las personas que consumen». «La Vertiente» quiere una ley para
«autorizar la plantación para consumo individual».

El candidato favorito de la izquierda, el senador José Mujica
(Movimiento Tupamaro), ha causado polémica en el Frente Amplio, con su
propuesta de cambiar la ley para ser más restrictivos y dar potestad a
las autoridades para internar a los drogadictos, aun contra su
voluntad. Eso va en sintonía con el sentimiento de buena parte de la
sociedad uruguaya, que pide severidad contra los consumidores de paco.

La senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, le restó
trascendencia: «Para nosotros, ése no es un tema central; es un tema
que ponen ustedes, los periodistas».

El candidato favorito de la oposición, el ex presidente Luis Alberto
Lacalle, que lidera las encuestas internas del Partido Nacional,
sorprendió recientemente con un discurso de apertura a una eventual
legalización de drogas blandas como mecanismo para recuperar adictos.
Su rival interno, Jorge Larrañaga, cree que la legalización «no es el
camino correcto porque la marihuana «es la puerta de ingreso a drogas
duras».