Nadie se atreve a evaluar el dinero que hubiera percibido el Estado si los bienes perecederos embargados a narcotraficantes desde la Operación Nécora no acabasen comidos por el paso del tiempo. El recuento sería sorprendente.

Barcos y vehículos de todo tipo han terminado en el desgüace o devaluados antes deque un tribunal haya acordado su decomiso y muchas propiedades no han tenido mejor suerte.

La saturación de los juzgados y la lentitud de la instrucción de los macro sumarios sobre narcotráfico y blanqueo de dinero suponen uno de los mayores obstáculos para que los bienes embargados con carácter preventivo puedan rescatarse a tiempo.

La ley permite a los jueces tramitar los decomisos en legajos separados al procedimiento matriz para evitar los atascos que provocan estos complejos sumarios que, además, tardan años en llegar a juicio. Pero, en la práctica, esta medida es insuficiente porque los juzgados no tienen asignadas empresas especializadas en tasación y venta de propiedades y los bienes siguen esperando en la cola de las múltiples cuestiones que magistrados y fiscales tiene que resolver.

La situación ha llevado a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional a plantearla firma de un convenio con el Plan Nacional sobre Drogas, y los ministerios de Interior y Hacienda para agilizar la venta o subasta de los bienes perecederos.

Un documento que necesita el visto bueno de la Fiscalía General del Estado pero que los fiscales confían en que pueda firmarse este año.

La Ley de Fondo de Bienes Decomisados de 2003 le confiere al Plan Nacional sobre Drogas las competencias para administrarlos, gestionarlos y enajenarlos, bajo la supervisión de una mesa de coordinación para las adjudicaciones. Con este convenio en ciernes, se pretende que sea este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad,el que asuma las competencias que ahora tienen asignados los juzgados y poder vender los bienes que son embargados a los narcotraficantes.

En el caso de que los tribunales no acordasen el decomiso delos bienes que han sido vendidos, el Estado prevé indemnizara sus dueños una vez que la sentencia sea firme.

La experiencia de los últimos 20 años ha sido desastrosa. Millones de euros en propiedades intervenidas desde1995 han terminado en, muchos casos, en una situación de ruina absoluta. El Pazo de Baión, en manos judiciales durante 12 años, es uno de los pocos ejemplos que se han librado de la destrucción. No han tenido la misma suerte propiedades intervenidas al clan de Los Charlines hace 19 años.

En Portugal varias fincas y bodegas fueron saqueadas y el Pazo de Vista Alegre, en Vilanova de Arousa, se encuentra en una situación lamentable, sin rematar siquiera las obras que la familia de narcotraficantes estaba acometiendo cuando fueron intervenidas. El salitre se ha llevado por delante muchas narcoembarcaciones tras años de atraque.

Puertos como el de Vilagarcía han servido de cementerios marinos a pesqueros como el Abrente que cuando por fin se adjudicó no sirvió ni para chatarra. Uno de los últimos embargos que esperan su venta o subasta es el yate Neitiños, del narcotraficante Juan Carlos González Martín, Culebras. Valorado en medio millón de euros y fondeado en Baiona, hace un año que la Justicia anunció sus intenciones de venderlo y no son pocos los interesados en adquirirlo. Ya ha tenido que ser reparado por los daños sufridos durante un temporal.