Hace años que las personas en situación o riesgo de exclusión disponen de una herramienta para la inclusión sociolaboral, las llamadas Empresas de Inserción, aunque no ha sido hasta finales del año 2007 que han contado con el respaldo de una Ley que regula este tipo de instituciones socioeconómicas.

Las Empresas de Inserción nacieron como un instrumento para luchar contra la pobreza y la esclusión social. Se trata de iniciativas empresariales que combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción sociolaboral.

Se trata de empresas que no están al margen de los procesos convencionales de la economía, yanque producen bienes y servicios, mejoran el entorno, potencian los servicios a las personas y favorecen la calidad de vida, siendo rentables y competitivas. Pero junto a la rentabilidad económica tienen una importante rentabilidad social, ya que los beneficiarios dejan de ser personas excluídas, dependientes e incluso pasivas, para convertirse en ciudadanos productivos.

Durante años las Empresa de Inserción han desarrollado su actividad en un marco de alegalidad. En los últimos años varias Comunidades Autónomas legislaron al respecto, y a finales del año 2007 el Congreso aprobó el proyecto de Ley
para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción laboral,
con un amplio respaldo a la mayoría de enmiendas aprobadas en el
Senado. Todos los partidos políticvos coincidieron en destacar el elevado grado de consenso en la tramitación de la ley.

España es uno de los últimos países de la Unión Europea en tener una legislacióne específica sobre empresa de inserción, a pesar de que el proyecto de ley inició su tramitación hace 25 años.

La Ley para la
Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción pretende regular la
actuación de las empresas que contratan a trabajadores en riesgo de
exclusión social, para luego incorporarlas al mercado laboral
ordinario. Estas entidades deben reunir, entre otros, los siguientes
requisitos: mantener un nivel de trabajadores en proceso de inserción
del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a
partir del cuarto, y aplicar, al menos, el 80% de los resultados a la
mejora de sus estructuras productivas y de inserción.

Este tipo de
empresas recibirán ayudas y bonificaciones por la tarea de inserción
sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, con
especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y deberán
destinar al menos el 80% de sus resultados a la mejora de sus
estructuras productivas y de inserción.
Entre
otras cuestiones, se regulan los tipos de contratos y se establecen
bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social de 850 euros durante
toda la vigencia del contrato o durante tres años en caso de
contratación indefinida.

Con esta ley se reconoce el papel de estas empresas y dota de un instrumento jurídico que les permitirá
mejorar su trabajo. Algúna diputada ha señalado que se trata de un hecho histórico para estas empresas que llevaban 25 años
sobreviviendo en una situación de alegalidad pero que han
ocupado un papel vital en las políticas de lucha contra la exclusión
social.

Las empresas de inserción son un dispositivo esencial para
combatir la pobreza y la exclusión . El sector, y en concreto UNAD, había reclamado la
necesidad de esta regulación.