UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha dado a conocer este miércoles sus propuestas en materia de adicciones de cara a la celebración de las próximas elecciones generales convocadas para el día 23 de julio. La entidad, que representa a más de 200 entidades de toda España, ya ha enviado estas reivindicaciones a los principales partidos políticos del país para que puedan ser incluidas en los programas electorales y asumidas por estos.

 El presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha subrayado la necesidad de aumentar el compromiso y la responsabilidad política con las personas con adicciones, sus familias y la comunidad. De la misma manera, ha destacado la importancia de reforzar la atención para que ninguna persona quede excluida, independientemente de su edad, género, identidad, nacionalidad, raza, origen o clase social.  

 Entre las propuestas presentadas por UNAD está la necesidad de blindar los derechos de las personas con adicciones, incidiendo especialmente en el derecho a una vivienda digna, sobre todo en población más vulnerable con adicciones como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género o las personas sin hogar.

 En este bloque también destaca la defensa de los derechos de las personas con adicciones que están en prisión para las que defienden una serie de medidas concretas para avanzar hacia un sistema penal y penitenciario enfocado a la reeducación, la reinserción social y el tratamiento terapéutico como alternativas a la prisión. Entre ellas está reducir el abuso de la pena privativa de libertad y evitar la masificación de las prisiones.  También frenar y revertir el endurecimiento de la respuesta penal a la pequeña delincuencia, en su mayoría protagonizada por personas con problemas de adicciones, salud mental y/o en situación de pobreza y/o exclusión social, reservando la pena de prisión para los casos más graves.

De la misma manera, para dar respuesta a las necesidades individuales y que nadie quede atrás, ponen sobre la mesa la necesidad de desarrollar recursos específicos, en todo el territorio, destinados a personas mayores con adicciones y mujeres víctimas de violencia de género. 

PREVENCIÓN, FINANCIACIÓN, COGOBERNANZA Y FORMACIÓN  

Además, entre las medidas destacan aquellas dirigidas a desarrollar y promocionar servicios y programas de prevención y detección precoz, tanto de adicciones con y sin sustancia, para reducir su impacto negativo en la sociedad, evitando daños a la salud, problemas sociales y costes asociado.

Asimismo, desde la red piden fortalecer el eje de reducción de la demanda de drogas en la próxima Estrategia Nacional de Adicciones. Con especial énfasis en las áreas de prevención, tratamiento, incorporación social y reducción de daños.  En este sentido, han aprovechado para demandar una mayor participación de la sociedad civil en el diseño de la futura estrategia, pero también en la evaluación de la actual, que está vigente hasta el año 2024.

Por otro lado, reivindican aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de drogas y adicciones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) así como potenciar el Plan Nacional sobre Drogas y las alianzas con la sociedad civil organizada.

También impulsar acciones para afianzar la cogobernanza y participación de las ONG en el desarrollo de políticas habilitando mecanismos de consulta, participación y promoción del diálogo civil como, por ejemplo, el Consejo Español de Drogas y otras Adicciones.

Entre los reclamos se deja espacio a la formación y el conocimiento de profesionales en materia de drogas y adicciones, pero también para que puedan incorporar la perspectiva de género en las intervenciones que realicen.

DESARROLLO DE NUEVAS LEYES

Por último, en lo que respecta al desarrollo de nuevas leyes desde UNAD recuerdan la necesidad de sacar adelante una ley no punitiva y efectiva que proteja a menores de edad de los efectos del consumo de alcohol.

De la misma manera, entre las propuestas está impulsar un debate informado y objetivo sobre la regulación del cannabis, con un enfoque centrado en la salud, ampliar la regulación relacionada con la publicidad de los juegos de azar e impulsar la regulación del juego online.