UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha enviado a los distintos grupos parlamentarios una carta para transmitir su preocupación por la situación de desamparo que provoca, sobre ciertos grupos poblacionales en situación de exclusión, la modificación de la Ley General de Seguridad Social. Concretamente, la entidad señala al cambio de condiciones de acceso al subsidio por desempleo y al Ingreso Mínimo Vital (IMV) producido por la aprobación del Real Decreto Ley 2/2024 el pasado mayo y por la tramitación actual del proyecto de ley para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

 Desde UNAD explican que el Real Decreto Ley 2/2024 supone eliminar el subsidio de desempleo para las personas excarceladas, menores de 16 años que salgan de un centro de internamiento y personas que, tras una suspensión de condena, hayan seguido un programa de deshabituación de drogodependencias durante más de seis meses. La norma también restringe el acceso al IMV a estos dos últimos grupos y lo establece como el único recurso posible para quien acabe de salir de prisión.

 Es por ello que desde la red señalan el perjuicio y el desamparo que estos cambios legales generarán sobre personas que ya se encuentran en una posición desfavorable de cara a su reincorporación social, y apelan a los distintos grupos parlamentarios para evitar un escenario más grave. Será el próximo 9 de septiembre cuando el Congreso de los Diputados cierre el plazo de presentación de enmiendas al respecto.

 Ante este proceso, la red de adicciones defiende la naturaleza actual del subsidio de desempleo para personas excarceladas con el fin de que pueda responder a la especial situación de vulnerabilidad de esta población. Desde la organización, insisten en la necesidad de contar con un sistema ágil para su concesión, de manera que quien abandone la prisión pueda avanzar en su reincorporación social al poder cubrir sus necesidades básicas.

 En el texto, UNAD alerta de que, si los cambios planteados llegan a cristalizarse, pueden dejar en la más absoluta marginalidad a personas que ya se encuentran en una situación difícil, de tal modo que se les imposibilitaría normalizar la convivencia en sociedad. La red concluye su misiva evidenciando la urgencia de dar marcha atrás en la modificación del artículo 274 de la Ley General de Seguridad Social o, en su defecto, de establecer los mecanismos mínimos para no agravar la situación de marginalidad y vulnerabilidad de los grupos afectados.