UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha transmitido a los grupos parlamentarios su apoyo a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 al conocerse que el Gobierno y distintos partidos políticos están negociando las que serían algunas modificaciones de la norma. La entidad ha recalcado en su comunicación el impacto negativo que la legislación vigente tiene sobre las personas drogodependientes y las que consumen drogas a la hora de estigmatizarlas y criminalizarlas.

La carta enviada desde UNAD, en representación de las más de 200 entidades que aglutina, recoge una serie de demandas encaminadas a la derogación de la ley actual o, en su defecto, a la modificación de los artículos 36 y la disposición quinta adicional. Concretamente, el escrito defiende distintos puntos como que las personas drogodependientes tengan la posibilidad de evitar la sanción a cambio de entrar a tratamiento de deshabituación; que el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos, aunque sea para consumo propio, no supongan una sanción grave; que no se establezcan sanciones graves para aquellas personas que, por necesidad económica debido a su situación de exclusión, trasladan en sus vehículos a otras para facilitarles el acceso a drogas; y que no constituya una sanción grave la plantación y cultivo ilícito de drogas cuando no sean constitutivas de infracción penal.

Con ello, UNAD recalca la premisa de que la introducción de la Ley Orgánica 4/2015 supuso un retroceso de derechos y de libertades individuales respecto a la legislación anterior, en especial en lo que respecta a la persecución de las personas consumidoras de drogas. La entidad denuncia así la prevalencia de las consideraciones morales que derivan en la estigmatización y la criminalización de cuestiones como la tenencia de sustancias.

UNAD se pone a disposición de los grupos parlamentarios para aclarar cualquier aportación y dialogar respecto a los argumentos y principios que las sustentan.