La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aegesen, que ha anunciado la nueva Estrategia de Pobreza Energética, que se abrirá la consulta pública previa la próxima semana.
Durante la reunión, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha señalado que el Tercer Sector es un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía y desempeña un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país. Además, Poyato ha señalado que «la tragedia provocada por la DANA ha reafirmado la relevancia de las entidades sociales para ofrecer una respuesta eficaz a la emergencia, en coordinación con las administraciones».
En este sentido, ha explicado que los episodios extremos como la DANA y las olas de calor afectan especialmente a las personas en situación de pobreza y exclusión social porque los hogares en situación de pobreza suelen sufrir, también, una mayor ineficiencia energética. De hecho, ha señalado Poyato, según el último informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN-ES, «la pobreza energética en España ha aumentado un 138% desde 2008, afectando al 17,1% de la población», es decir, «hay más de 8 millones de personas que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada». Y las entidades sociales, desempeñan un rol esencial, pues «somos quienes llegamos a los hogares más vulnerables, identificamos necesidades y eliminamos barreras en accesibilidad a recursos como el Bono Social».
A lo largo del encuentro, Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector ha reclamado que la nueva Estrategia de Pobreza Energética tenga en cuenta a los consumidores en situación de vulnerabilidad y que se contemple a las entidades del Tercer Sector como entidades colaboradoras con la Administración General del Estado.
Además, el vicepresidente ha recordado que las entidades sociales «siempre hemos integrado una perspectiva ecológica en nuestra acción social, convencidos de que la justicia climática y justicia social son caras de la misma moneda». La alianza entre el Tercer Sector y las entidades ecologistas es primordial para abordar el cambio climático desde una perspectiva transversal, más teniendo en cuenta que las personas en riesgo de exclusión son las que más sufren sus consecuencias, tal y como se ha puesto de manifiesto con la catástrofe natural ocurrida con la DANA.
Mecanismos de control para las empresas operadoras de servicios públicos esenciales
Durante la reunión, desde la Plataforma del Tercer Sector se ha señalado que la pobreza energética sigue siendo una de las expresiones más claras de la desigualdad social, afectando especialmente a los consumidores vulnerables, quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios energéticos esenciales como calefacción, iluminación o agua caliente.
La Plataforma del Tercer Sector considera que el abordaje de la pobreza energética requiere una perspectiva transversal que combine justicia social, sostenibilidad y políticas públicas inclusivas.
En este sentido, desde la Plataforma se ha insistido en que se deben desarrollar acciones específicas contra la pobreza energética dentro de la lucha global contra la exclusión social y se ha especificado que es indispensable el establecimiento de mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias en situación de vulnerabilidad económica, y, también, la incorporación de ayudas a las familias en mayor riesgo de exclusión.
Ámbito rural
Por su parte, la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes, ha incidido en la importancia de centrar la atención en el ámbito rural, donde la vulnerabilidad energética y social suele ser mayor. En este sentido, ha destacado que es fundamental «garantizar que las políticas de transición energética y desarrollo sostenible incluyan medidas específicas para el ámbito rural». Además, ha resaltado la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado para la fijación de población en el medio rural mediante inversiones y dotación de servicios y apoyos, y el despliegue de estrategias convergentes de desarrollo rural inclusivo, economía verde y digitalización.
En la reunión también han participado asociaciones de consumidores y, por parte del Ministerio, han estado presentes Joan Groizard, Secretario de Estado de Energía, y Víctor Marcos, director general de Planificación y Coordinación Energética.
