UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, se ha reunido este lunes con la Secretaría General de Instituciones Penitencias para acercar posturas y buscar soluciones a las dificultades a las que se enfrentan las personas reclusas y exreclusas con algún problema de adiccióC. La entidad ha estado representada en la sesión por integrantes de su comisión de Adicciones y Justicia Penal, el grupo de trabajo compuesto por profesionales de la red especialistas en la materia.
Organizaciones presentes en la comisión como Asociación Érguete, Centro de Solidaridad de Zaragoza, Associació d'Acollida i Acció Terapèutica y Fundación Diagrama han podido trasladar de primera mano al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; al director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, y otras figuras de la institución la labor que se realiza tanto desde el grupo como desde las propias entidades. El presidente de UNAD, Luciano Poyato, también ha intervenido en el encuentro.
Uno de los principales temas abordados ha sido la situación de las personas reclusas frente a la pérdida del subsidio por desempleo, de manera que desde Instituciones Penitenciarias ya se trabaja para la aplicación de un protocolo que dé preferencia a las personas con adicciones a la hora de tramitar el Ingreso Mínimo Vital. Además, desde el movimiento asociativo también se han trasladado las dificultades que se dan para compatibilizar los tratamientos de las personas reclusas con sus planes laborales dentro de prisión.
Por su parte, desde Instituciones Penitenciarias también han compartido su realidad a la hora de actuar en el ámbito de las prisiones con el fin de conseguir la cooperación entre ambas partes ante las dificultades y los retos que afrontan actualmente. Así, desde el organismo dependiente del Ministerio de Interior han indicado la necesidad de contar, por un lado, con recursos de salud mental suficientes para que las personas reclusas con algún diagnóstico psicológico puedan abordar sus tratamientos fuera de prisión y, por otro lado, con centros que permitan atender las necesidades del creciente número de personas mayores con adicciones en las cárceles.
Tras este encuentro, la comisión de Adicciones y Justicia Penal de UNAD pretende seguir trabajando para lograr un mayor acercamiento a las instituciones con el fin de mejorar la calidad de vida y proteger los derechos de las personas con adicciones que se encuentran o que ya han pasado por prisión.
