En un obvio juego de palabras, los cocaleros bolivianos se proponen
hacerle la guerra a la gaseosa más popular del mundo, la Coca Cola.

La jugada amaga con provocar una demanda de tono subido por parte de
Coca-Cola, la multinacional a la que el propio presidente de Bolivia,
Evo Morales, atribuyó la inclusión de derivados de la hoja de coca en
su fórmula, la más secreta del mundo.

En la misma región donde Evo se lanzó a la carrera sindical y
política hace más de dos décadas, se encuentra la mayoría de la coca
que la ley 1008, aprobada en los 80 y aún vigente, considera ilegal.

La iniciativa partió de los campesinos y, por si faltaran más
coincidencias con el jarabe, que primero no tenía gas, creado en 1885
por John Pemberton, el envase de la «Coca-colla» tendría etiqueta roja
y contendría un líquido oscuro, casi negro.
Aunque Coca-Cola afirma haber quitado la hoja de coca de la fórmula
en 1929, abundan en internet denuncias de que «la Coca-Cola sigue
comprando coca en Perú», teoría conspirativa a la que Evo Morales suele
sumarse con entusiasmo.

Aunque el ministro Meneses ya presentó a la prensa la botella, las autoridades admitieron que el nombre podría ser cambiado.
«Inicialmente es una iniciativa privada para producir un energizante
de coca, pero estamos viendo cómo impulsarla porque nos interesa como
Estado la industrialización de la coca», dijo el viceministro de
Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez.
Destacó las variadas iniciativas privadas existentes en Bolivia
donde se producen mates, jarabes, dentífricos, licores, caramelos e
incluso pasteles de coca.
De hecho, un restaurante italiano en La Paz ofrece espaguetis de coca, una mezcla de harina de trigo y de la «hoja milenaria».

La cantidad de coca consumida legalmente es parte de la
controversia, que buscará ser saldada con los resultados del Estudio
Integral de la Hoja de Coca y la encuesta nacional sobre el uso y
consumo legal de ese producto lanzada en 2009 con apoyo de la Unión
Europea.

Con todo, no todos los cocaleros -una suerte de elite campesina-
apoyan el aumento de la superficie: los «legales» no quieren que el
aumento en la oferta, haga caer los precios.
Con el nuevo Congreso a su favor, el gobierno se propone aumentar la
coca legal a 20.000 hectáreas, para incluir a los campesinos del
Chapare, en el cultivo legal.

Antes de la Conquista, la coca ya era parte de los rituales andinos
y desde la Colonia pasó a ser parte de la economía minera: el
«akulliku» (mascado) permitía a los obreros mantenerse en pie en los
peligrosos socavones a decenas de metros bajo tierra, y ni las
protestas de la Iglesia contra la «hoja diabólica» lograron su
prohibición.

Actualmente, aunque la ley vigente sólo permite 12.000 hectáreas
para satisfacer la demanda legal, hay plantadas unas 30.000 según un
reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito.

También existe un intenso contrabando hacia el norte argentino,
donde se masca coca pero no está permitido su cultivo ni su importación
legal.
El embajador argentino en La Paz, el jujeño Horacio Macedo, es uno
de los habituales seguidores de este consumo característicos de los
Andes.

«Bajo este gobierno la superficie aumentó un 20%, pero como ese
aumento se dio en las zonas más productivas, el incremento en la
producción de cocaína entre 2005-2008 fue del 50%. En el Chapare, el
95% de la coca va a los llamados mercados no autorizados, es decir, al
narcotráfico», le dijo a Clarín el ex viceministro de Defensa Social
(antinarcotráfico) Ernesto Justiniano.

En los últimos años, aumentó la cantidad de colombianos que operan
en Bolivia con tecnologías más avanzadas, incluyendo fábricas móviles
de cocaína.
Pero desde el gobierno responden que la incautación es récord y que
ya no hay muertos por enfrentamientos entre campesinos y militares en
las zonas cocaleras.