El canciller boliviano, David Choquehuanca, casi al término de su
visita oficial a su colega colombiano el miércoles, solicitó el apoyo
de esa nación para continuar gestiones encaminadas a eliminar la hoja
de coca de la lista de estupefacientes que la Convención de Viena
incluye desde 1961.

«Hemos pedido al Gobierno de Colombia que nos
acompañe a fin de obtener apoyo dentro de la OEA (Organización de
Estados Americanos) para que no se penalice el consumo de hoja de
coca», dijo el canciller boliviano en declaraciones a la prensa e hizo
notar que la masticación (acullico) es parte del legado y tradición indígena, que se practica, además de en las tres naciones, en el norte argentino y chileno.

El
aimara Choquehuanca es un convencido de que la prohibición del uso y
consumo de la coca, fuera de las fronteras de Bolivia, es una visión
occidental, de hombres blancos que han intentado desde siempre hacer
desaparecer las costumbres, historia e idioma de otras culturas; visión
que encaja con la lucha que, desde los inicios de su carrera como
dirigente sindical, ha sostenido el jefe de Estado, Evo Morales, que es
presidente de la Federación de Productores de Hoja de Coca de Chapare,
la mayor y más combativa organización sindical de cocaleros del país.

El
incremento de las áreas de cultivo durante 2008 alcanzó una tasa del 6%
respecto al año anterior, según el informe de la ONU; de 28.900
hectáreas se subió a 30.500, una cifra sensiblemente superior a las
12.000 hectáreas permitidas por la legislación boliviana, que no ha
sido modificada por el Gobierno de Morales.

El aumento de la
superficie cultivada comenzó en la Administración del presidente Carlos
Mesa, cuando se abrió la frontera de la coca al permitir el cultivo de
un cato (un cuarto de hectárea) por familia de cocalero, que se
expandió rápidamente a zonas no tradicionales (impedidas por ley),
especialmente en Yungas de La Paz, que ahora concentra el 69% de los
cultivos, y a otras áreas del mismo Chapare, en el centro de Bolivia.

El
Gobierno, que cree que los mismos cocaleros pueden equilibrar la
producción y consumo de hoja de coca con fines lícitos, ha aplicado
mano dura contra aquellos campesinos que intentaron plantar coca en los
parques nacionales, y continúa su vigilancia, especialmente en la zona
de Carrasco e Isiboro Scure, considerados pulmones de la cabecera
amazónica.

Pero sin el apoyo de la Agencia Estadounidense
Antidroga (DEA), que fue expulsada por el Gobierno en noviembre del
pasado año acusada de conspiración, la unidad de información de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) tiene que
desplegar mayores esfuerzos en una lucha muy desigual para controlar
los excedentes de producción.

La mayor parte de la coca de La Paz
y Cochabamba tiene un destino seguro: la ilícita producción de droga,
como reflejan las informaciones de la prensa, que con más frecuencia
alerta del descubrimiento de laboratorios de cocaína, ya no de pasta,
como en años anteriores, capaces de producir hasta 100 kilos diarios de
droga de alta pureza, como es el caso de uno de los últimos
laboratorios encontrados en el norte del departamento de Santa Cruz,
con presuntas conexiones colombianas y mexicanas, según la policía.

El
proyecto gubernamental de industrializar la hoja de coca, con fábricas
en Chapare financiadas por Venezuela, no ha logrado avances. El consumo
tradicional (acullico, té medicinal, uso social y religioso) en Bolivia
no ha superado las 12.000 toneladas anuales. Las otras casi 42.000
toneladas de hoja seca, que el informe de la ONU calcula que produce
Bolivia, no pueden ser exportadas en productos medicinales como té para
diabéticos, energéticos para deportistas o fuente de calcio, por el
efecto de la aplicación de la Convención de Viena en el resto del mundo.

El
Gobierno de Evo Morales ha rechazado todos los informes anteriores de
organismos especializados en el control de la producción y tráfico de
estupefacientes.