El CERMI recuerda que en la actualidad, esta materia está regulada por la Ley General de
Subvenciones del año 2003, que se aplica por igual a las empresas
privadas y a las entidades no lucrativas, lo que ocasiona multitud de
problemas y dificulta la consolidación organizacional y la estabilidad
financiera de los movimientos sociales.
Las funciones de interés público que realizan las entidades no
lucrativas, que sustituyen o complementan la labor de las
administraciones, que no dan respuesta a todas las necesidades
sociales, deben gozar de una regulación específica de subvenciones y
ayudas oficiales, que tenga en cuenta sus peculiaridades.
Esta
nueva legislación debe orientarse a promover el tercer sector, evitando
cualquier tentación de hacer uso de las subvenciones como herramienta
de control o injerencia por parte de las administraciones, y a
favorecer la sostenibilidad a medio y largo plazo de este tipo de
entidades.
Además, la nueva Ley debería establecer con
contundencia la prohibición de conceder ninguna subvención oficial a
entidades y empresas que no acrediten que cumplen con todas las
disposiciones normativas del ordenamiento jurídico (igualdad de trato,
no discriminación, cuotas de reserva, prevención de riesgos laborales,
sostenibilidad ambiental, etc.).
Otros criterios que tendría que
regular necesariamente la nueva legislación pasarían por imponer a las
entidades sociales obligaciones de transparencia, gestión ética y de
calidad y auditorías independientes de resultados.
