El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley
para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción laboral,
con un amplio respaldo a la mayoría de enmiendas aprobadas en el
Senado. Todos los partidos coincidieron en destacar el elevado grado de consenso en la tramitación de la ley.

En el debate del Senado se pudieron escuchar discurso favorables a estas organizaciónes. Para el PSOE, «las empresas de inserción cumplen un papel
muy importante en la sociedad y esta ley lo reconoce». El PP destacó el consenso señalo que la ley «no es el de nadie y
ésa es su virtud y por encima de todo va en pro del sector». IU se felicitó por que la ley «vea la
luz en la presente legislatura tras 25 años en los que estas empresas
han sobrevivido en situación de alegalidad ocupando un papel vital en
la lucha contra la exclusión social». CiU destacó que el pase por el Senado ha mejorado el proyecto que llegó del Congreso «reforzando el compromiso de las administraciones públicas con las empresas de inserción».

España es uno de los últimos países de la Unión Europea en tener una legislacióne específica sobre empresa de inserción, a pesar de que el proyecto de ley inició su tramitación hace 25 años. Esto ha llevado a muchas de estas entidades a desarrollar su actividad en una situacioón de alegalidad.

La Ley para la
Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción pretende regular la
actuación de las empresas que contratan a trabajadores en riesgo de
exclusión social, para luego incorporarlas al mercado laboral
ordinario. Estas entidades deberán reunir, entre otros, los siguientes
requisitos: mantener un nivel de trabajadores en proceso de inserción
del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a
partir del cuarto, y aplicar, al menos, el 80% de los resultados a la
mejora de sus estructuras productivas y de inserción.

Este tipo de
empresas recibirán ayudas y bonificaciones por la tarea de inserción
sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, con
especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y deberán
destinar al menos el 80% de sus resultados a la mejora de sus
estructuras productivas y de inserción.
Entre
otras cuestiones, se regulan los tipos de contratos y se establecen
bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social de 850 euros durante
toda la vigencia del contrato o durante tres años en caso de
contratación indefinida.

Con esta ley se reconoce el papel de estas empresas y dota de un instrumento jurídico que les permitirá
mejorar su trabajo. Algúna diputada ha señalado que se trata de un hecho histórico para estas empresas que llevaban 25 años
sobreviviendo en una situación de alegalidad pero que han
ocupado un papel vital en las políticas de lucha contra la exclusión
social.

Las empresas de inserción son un dispositivo esencial para
combatir la pobreza y la exclusión . El sector, y en concreto UNAD, había reclamado la
necesidad de esta regulación.