«Si la sociedad cambia, el Código Penal ha de acompañar estos cambios
con prudencia y la distancia necesaria (…), no con el corazón, sino
con la razón». El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cerró así su
defensa de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, que
ha iniciado su tramitación en el Congreso con el apoyo del PP y de CiU.

El texto endurece las penas contra la corrupción e incrementa el
castigo para terroristas y pederastas, entre otras novedades. El
apoyo del grupo conservador y de los nacionalistas catalanes permitió al
Ejecutivo superar con holgura el primer examen en la Cámara. Sin
estrecheces aritméticas, la reforma seguirá ahora su tramitación, tras
tumbar las enmiendas a la totalidad que rechazan el texto y piden
devolverlo al Gobierno planteadas por el PNV y la izquierda
parlamentaria representada por ERC, BNG e IU-ICV.

La suma
imbatible del PSOE y el PP obvió uno de los elementos más espinosos
de la futura reforma, la cadena perpetua enmascarada tras el apellido
«revisable» que los conservadores pretenden introducir en el texto
cuando se negocien sus enmiendas. Una propuesta que es
«inconstitucional», según defienden los socialistas. Caamaño pasó
de puntillas por esta cuestión, aunque fijó como un «límite
infranqueable» para el legislador el artículo 25º de la Constitución,
que establece que las penas privativas de libertad están orientadas
hacia la reeducación y la reinserción social.

Este objetivo es, según el
PSOE, incompatible con la demanda conservadora de desempolvar la cadena
perpetua, aunque sea revisable a los 20 años, como edulcora su
propuesta. Esquivando este punto, la sintonía lució más que las
disonancias entre el PSOE y el PP. De hecho Caamaño comenzó su
intervención agradeciendo el «apoyo inicial» de los conservadores, que
«da continuidad al espíritu de acuerdo en materia de Justicia» fraguado
por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en julio de 2008.

El actual Código Penal es el resultado de innumerables reformas realizadas en los últimos años. Muchas de estas reformas se han realizado como respuesta a sucesos con gran presencia mediática y la consiguiente alarma social provocada.

Las reformas, en general, han endurecido las penas, se han centrado más en el castigo que en la reinserción, y han  supuesto una paulatina pérdida
de las garantías y derechos conseguidos a lo largo de los siglos.

Desde
UNAD y desde la Federación ENLACE queremos frenar esta tendencia introduciendo mejoras que eviten la creciente criminalización de la pobreza.