Los Ayuntamientos pedirán al Gobierno una norma estatal que regule su ingesta, tras constatar que, además de generar un problema de convivencia, tiene efectos dañinos sobre todo entre los jóvenes.

Este es uno de los acuerdos adoptados en la última reunión de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa a los más de 8.000 ayuntamientos de España, a instancias de la Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El objetivo de esta iniciativa es consensuar una normativa que prohíba la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, en días de feria o en fiestas patronales, siempre y cuando estén regulados por la correspondiente ordenanza municipal.

Junto a esta medida, los representantes locales pedirán la creación de una Comisión Mixta en el Senado que estudie y proponga soluciones al consumo de alcohol en los lugares públicos, sobre todos aquellos en los que se reúnen numerosos grupos de personas.

Y es que los representantes locales están hartos de los conflictos entre los jóvenes y los vecinos, las peleas con heridos y los accidentes, ambos directamente relacionados con la alcoholemia, y de la suciedad, los ruidos y los daños al mobiliario que producen esta forma de ocio, la más extendida actualmente entre la juventud.

El documento aprobado por la FEMP expresa la necesidad de aplicar una política educativa, social e institucional de «intransigencia» hacia el «botellón» y se muestra contrario a algunas fórmulas que supongan habilitar «botellódromos».

En declaraciones a EFE, el presidente de la Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la FEMP, el también alcalde de Ávila, Miguel Ángel García, ha opinado que hay que «poner coto» a estas prácticas, con la persecución y castigo a aquellos que vendan alcohol a menores.

Aunque todavía hay «mucho trabajo de base» por hacer en este sentido, tal y como ha reconocido el alcalde, ha defendido que se fomente un tipo de «ocio alternativo», en el que estén implicados los departamentos municipales de servicios sociales, juventud, educación, deportes y seguridad ciudadana.

La FEMP sostiene que los padres son un «factor esencial» para controlar el abuso de alcohol por parte de sus hijos y que, por eso, no pueden eludir su cuota de responsabilidad a la hora de abordar este problema.

También defiende la necesidad de que las administraciones públicas dediquen mayores esfuerzos a lograr una mayor sensibilización y una política educativa, social e institucional de rechazo al «botellón».

De ahí que apueste por una única norma estatal, como existe en la actualidad para el tabaco, que regule el consumo de alcohol en los lugares públicos