«Una guerra perdida». Es así como la
Comisión, constituida por 17 miembros y liderada por los ex-presidentes
Ernesto Zedillo (México), César Gaviria (Colombia) y Fernando Henrique
Cardoso (Brasil), califica el combate del narcotráfico: «Frente a una
situación que se deteriora cada día, con altísimos costos humanos y
sociales, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra contra las
drogas’ aplicada durante los últimos treinta años en la región».

«En América Latina, la revisión en profundidad de las políticas
actuales es todavía más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano
y de las amenazas a las instituciones democráticas», resaltan. La
Comisión considera que el actual modelo de política de represión a las
drogas está firmemente arraigado en preconceptos, temores y visiones
ideológicas: «El tema se transformó en un tabú que
inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea
la información y confina a los consumidores de drogas en círculos
cerrados, donde se vuelven más vulnerables al accionar del crimen
organizado».

De esta forma, la Comisión cree que políticas seguras, eficientes y
fundamentadas en los derechos humanos implica reconocer la diversidad
de situaciones nacionales así como priorizar la prevención y el
tratamiento. Sin embargo, enfatizan que esas políticas no deben negar
la importancia de las acciones represivas para enfrentar los desafíos
impuestos por el crimen organizado -inclusive con la participación de
las fuerzas armadas, en situaciones límite, de acuerdo con la decisión
de cada país.

El informe cita la experiencia colombiana, que durante décadas,
adoptó todas las medidas de combate imaginables, cuyos beneficios no se
corresponden con los enormes gastos y costos humanos. «A pesar de los
significativos éxitos de Colombia en su lucha contra los carteles de la
droga y la reducción de los índices de violencia y de delitos,
volvieron a crecer las áreas de plantación de cultivos ilícitos así
como el flujo de drogas desde Colombia y desde el área Andina», agregan.