Concretamente, el estudio Comparación de los costes efectivos entre la prohibición y la regulación de las drogas revisa
las diferencias entre ambas opciones y deduce que las posibilidades se
decantan a favor del primer caso, incrementando así la presión que
durante años ha instado al Gobierno a realizar un análisis
independiente sobre la relación entre coste y beneficio de regular el
mercado de la droga.

El informe, promovido por la asociación Transform, a favor de las
reformas en el sector, ha evaluado los diferentes aspectos que influyen
en el veto vigente, desde el coste de las operaciones de las fuerzas de
seguridad a la investigación de los consumidores y de los promotores
del mercado, así como lo que representan los procesos judiciales y las
consiguientes encarcelaciones.

Además, el colectivo destaca la recaudación que podría suponer un
mercado regulado, para lo que invoca los resultados de un estudio de la
Unidad Independiente de Control de Drogas, que revela que se podrían
generar unos 1.300 millones de libras a partir de la imposición de una
libra sobre el gramo de resina de cannabis.

El propio prestigioso semanario The Economist apeló
recientemente a un debate global sobre la necesidad de reformar el
actual sistema, en base a que “la prohibición ha fracasado” y, en
consecuencia, “la legalización es la solución menos mala”. Con todo, el
informe publicado hoy admite que, paralelamente, existen costes
potenciales relacionados con un incremento en los tratamientos contra
la drogadicción.

También asume la inversión que generaría la necesaria promoción de
campañas en materia de educación e información sobre los riesgos y
peligros que conlleva el consumo, en la línea de las que se desarrollan
en relación con el tabaco y el alcohol, así como el gasto propio de la
gestión de un sistema regulado.

Al respecto, el informe revisa cuatro panoramas potenciales, si bien
declara que, pese a todo, “la conclusión es que la regulación de los
mercados de la droga es más efectiva desde el punto de vista del coste
que la prohibición”. En consecuencia, insiste en que pasar de la
prohibición a mercados regulados en Inglaterra y Gales supondría
facilitar a los contribuyentes ahorros, así como a las comunidades en
su conjunto.

La horquilla de este ahorro va desde los 13.900 millones de libras
hasta los 4.600, de acuerdo con los resultados del estudio de las
figuras del coste de la criminalidad que maneja el propio Gobierno para
evaluar los potenciales beneficios y desventajas de modificar la
situación vigente.

Por tanto, el estudio maneja las propias estrategias del Gobierno y
del Ministerio del Interior para dar con sus conclusiones, en las que
alega que “ninguna análisis de coste-beneficio o incluso una evaluación
de un adecuado impacto en la legislación existente ha sido desarrollado
aquí o en ningún otro lugar del mundo”.