Los expertos afirmaron que se trata de una «cifra conservadora», ya
que solo se han tenido en cuenta dos de las cerca de 20 enfermedades
que se asocian con el tabaquismo, y se mostraron partidarios de una
prohibición total en bares y restaurantes, porque ello aceleraría
todavía más la reducción del tabaquismo detectada durante los últimos
años.

El portavoz de la Unidad de Investigación y Control del Tabaquismo
del Instituto Catalán de Oncología (ICO), Esteve Fernández, reconoció
que la disminución del número de fumadores ya era una realidad antes de
la ley -a razón de un 2,2% anual menos en hombres y 2,9% en mujeres-,
pero en cualquier caso la ley supuso un «cambio radical» en la
mortalidad causada por el tabaquismo pasivo.

Según la última encuesta estatal de salud de 2006, el 29% de los
españoles son fumadores, cifra que los expertos consideran «elevada» en
relación a otros países europeos, por lo que vaticinaron que con la
prohibición total, prevista para este año, más gente dejará de fumar y,
sobre todo, no comenzarán a hacerlo muchos jóvenes.

Los expertos descartaron totalmente que la prohibición definitiva de
fumar en locales de restauración vaya a provocar pérdidas económicas,
tal y como defienden los restauradores, basándose en estudios
realizados en países que ya aplicaron esta medida. Además, señalaron
que los estudios que hablan de pérdidas millonarias y destrucción de
puestos de trabajo se realizaron con «fallos metodológicos graves», o
subvencionados por tabacaleras y restauradores.

Por ello, recordaron que únicamente el 15% de locales prohíbe
actualmente fumar en su interior e hicieron especial hincapié en el
millón de trabajadores de la restauración que todavía deben soportar
las consecuencias del humo de los clientes, un sector que podría
mejorar su supervivencia en 1.000 muertos al año, según apuntaron. En
este sentido, los informes evidencian que en los restaurantes donde se
prohíbe fumar, la nicotina ambiental se ha reducido en un 96,7% y el
nivel de cotinina en la salivas de los empleados, lo hizo en un 63,7%.
En cambio, los locales que todavía permiten fumar registraron un
aumento de dicha sustancia en sus trabajadores del 20,6%.

Los expertos señalaron además la «disparidad» de las cifras y
resultados obtenidos en función del gobierno autonómico, ya que la ley
de 2005 permitió que algunos gobiernos regionales aplicaran exenciones
sobre algunos puntos, dejando de lado también la potestad que tenían de
realizar inspecciones sanitarias para aplicar sanciones.

De este modo, el estudio señala que Catalunya, Aragón y Andalucía
son las comunidades que más inspecciones realizaron -32.500, 10.000 y
9.000, respectivamente-, seguidas por Cantabria, Navarra y Asturias,
mientras que del resto no se dispone de datos. Aragón impuso 546
sanciones por el incumplimiento de la norma, Asturias 498, Andalucía
291 y Catalunya 274.

Asimismo, los expertos indicaron que la ley fue «bien aceptada» por
la sociedad, incluso por los fumadores, que en un porcentaje creciente
-cercano al 50%- verían con buenos ojos la prohibición total. El
presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Fernando
Benavides, señaló por su parte que la legislación actual es «buena»,
pero tiene «carencias que se deben superar».