La Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado (PVE) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) consideran que las medidas aplicadas por el Gobierno francés, que incluyen el desalojo forzoso de cientos de asentamientos y la repatriación de miles de familias gitanas a sus países de origen (Rumania y Bulgaria), “atentan contra la dignidad de este colectivo, violan derechos fundamentales de los ciudadanos y suponen un claro ejemplo de discriminación racial”.
Las tres plataformas recuerdan que Francia, abanderada de la “igualdad, libertad y fraternidad”, no es el único país de la Unión Europea que ha deportado a inmigrantes de origen gitano ya que lo han hecho también Italia, Suecia, Alemania y Dinamarca, entre otros, pero resaltan que es “especialmente preocupante” el aumento de las deportaciones en el país galo “sin atender y revisar una a una las situaciones individuales, alegando razones de seguridad y criminalizando a toda una minoría”.
Aunque las citadas entidades coinciden con el Ejecutivo de Nicolas Sarkozy en que “cualquier persona que cometa un delito debe hacer frente a las consecuencias”, rechazan que “se continúe criminalizando a todo un grupo por las acciones de unos individuos”.
“La retórica utilizada estos días por muchos de los políticos y responsables del Gobierno de Nicolas Sarkozy relacionando a las comunidades gitanas con asentamientos ilegales, tráfico de personas, explotación de menores, prostitución… refuerza los prejuicios y opiniones discriminatorias que ya existen contra la minoría étnica más numerosa de Europa”, subrayan.
En este sentido, las organizaciones ven “indicios claros” de que Francia está incumpliendo la directiva europea sobre igualdad racial, la directiva europea sobre los derechos de los ciudadanos y la Carta de Derechos Fundamentales.
Por ello, las tres plataformas españolas de ONG de acción social piden a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros “una reacción contundente contra el discurso inflexible y racista del Gobierno francés y las medidas puestas en marcha contra la población gitana”.
Además, reclaman a la Comisión Europea y a la Presidencia belga un impulso “claro” a las políticas para avanzar en la inclusión social de la población gitana “sobre la base de los diez principios adoptados al respecto por el Consejo Europeo y en el marco de la Estrategia Europa 2020”.
Por último, instan al Gobierno español a que “muestre máxima firmeza y condene” el trato que el colectivo está recibiendo en Francia y a los ciudadanos europeos a que rechacen estas medidas de Sarkozy y muestren su solidaridad con el pueblo gitano.
