En una resolución, los cancilleres y delegados de 33 países de la OEA
coincidieron en que el problema exige ser abordado de forma integral,
equilibrada y multidisciplinaria y requiere, al hacerlo, la
responsabilidad común y compartida de todos los Estados.

El problema debilita las bases del desarrollo sostenible, de los
sistemas jurídicos, de la estabilidad política y económica, y de las
instituciones democráticas, lo que constituye una amenaza para la
seguridad, la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

Los Estados miembros reconocieron la importancia de los esfuerzos
realizados para hacer frente al problema mundial de las drogas,
admitiendo al mismo tiempo la necesidad de fortalecer y mejorar las
estrategias y acciones relacionadas con esta materia.

Para ello recomendaron tener en cuenta los resultados de los diferentes
informes del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Estrategia Hemisférica se realizará con pleno respeto al Derecho
Internacional y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
observando los principios de soberanía e integridad territorial de los
Estados, señaló el documento.

Añadió que la no intervención en los asuntos internos de los Estados,
las libertades fundamentales y la dignidad inherente a las personas y
de igualdad de derechos y respeto mutuo entre Estados, forman parte de
los compromisos en el marco de esta lucha.

Al enfrentar el problema mundial de las drogas, debe hacerse especial
énfasis en su impacto sobre la pobreza y la marginalización, e impulsar
la implementación de políticas y acciones que favorezcan la inclusión
social y la reducción de esas vulnerabilidades, indicó.

La resolución consideró que las políticas, medidas e intervenciones
para enfrentar el problema mundial de las drogas deben tener en cuenta
el componente de género.

En esa línea, los Estados miembros son responsables de proveer los
recursos requeridos para la efectiva implementación de las políticas
nacionales sobre drogas, y mantener un balance apropiado entre las
actividades de reducción de la demanda y de la oferta.

El principio de responsabilidad común y compartida es fundamental para
fortalecer la cooperación hemisférica y regional en todas sus formas,
coincidieron los cancilleres reunidos en Lima.

Ésta deberá basarse en los esfuerzos colectivos y coordinados para
enfrentar el problema mundial de las drogas, con el objetivo de
perfeccionar continuamente las políticas sobre drogas de los Estados
miembros.
La resolución consideró la participación de la sociedad civil como de
gran importancia, ya que puede ofrecer, según sea el caso, experiencia
y conocimiento para el desarrollo y la implementación de políticas y
programas para enfrentar este problema mundial